Grupo Tradeco dice no tener límites. Esta empresa mexicana es responsable del Puente Baluarte, una obra que forma parte de un proyecto de infraestructura que no sólo superó el desafío de cruzar la Sierra Madre Occidental, sino que se constituyó como el puente atirantado más grande del mundo con 402 metros de alto. Y va por más.
Federico Martínez, presidente de Grupo Tradeco, reveló que durante los siguientes años sus principales apuestas se concentrarán en la red carretera y el sistema penitenciario.
Entrevistado luego de participar en el colado del último tramo del Puente Baluarte que une a Sinaloa y Durango, detalló que la empresa estudia las necesidades de infraestructura que tiene cada entidad para crear proyectos en los que participe el gobierno.
“La aprobación de la Ley de Asociaciones Público Privadas (APPs) fue un gran acierto. Hoy permite tener mayor certeza jurídica, acceder a créditos muchos más baratos y ofertar a mejores precios”.
En diciembre, tras más de dos años en análisis, el Senado aprobó esta ley, para incentivar las inversiones y el empleo. “El reto para que funcione es que el gobierno mantenga el nivel de inversión en infraestructura”.
En su opinión en todo el país existen necesidades en el sector carretero, hospitalario, penitenciario, portuario, y aeroportuario. “Las leyes ya están claras. Ahora hay que aprovecharlas”.
Martínez adelantó que la empresa también participará en el programa de conservación de caminos emprendido por el gobierno federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en el que se otorgan carreteras federales agrupadas por entidad durante un periodo de siete años a empresas que posean recursos suficientes para dejarlas en perfecto estado y mantenerlas en óptimas condiciones por el periodo de tiempo referido.
Indicó que entrará en proceso de licitación Sinaloa, donde participará Tradeco. Este año también se prevé que concurse la red carretera de Sonora y Jalisco.
¿Algo más? La empresa mexicana tiene proyectos en diferentes países. Y también planea incrementar el número de ellos.
Las asociaciones público-privadas permiten combinar recursos públicos con créditos y capital de riesgo aportados por el sector privado.
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